El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha comparecido esta mañana para dar cuenta de los principales acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros y además del anteproyecto de ley de medidas para fomentar la financiación de las empresas, también se ha aprobado otro anteproyecto de ley de entidades de capital riesgo que persigue impulsar esta fórmula con la misma finalidad de mejorar el acceso a la financiación de las pymes, así como incorporar Derecho de la Unión Europea respecto de los llamados fondos de inversión alternativa. Asimismo, el Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre refinanciación y reestructuración de deuda empresarial para una posterior aprobación.

Entre las novedades que incluye el texto aprobado destacan las siguientes:

-Sistema de preaviso por parte de las entidades de crédito. Se obliga a las entidades de crédito a ofrecer preavisos de al menos tres meses e información específica sobre la situación crediticia de aquellas pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida. Además, dichas empresas tendrán derecho a obtener por parte de la entidad un historial gratuito de su situación financiera con el que poder acudir a negociar con otras entidades.

-Mejora del funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).Se establece que el reaval de CERSA (Compañía Española de Reafinanciamiento) se active ante el acreedor en caso de incumplimiento de la SGR tras el primer requerimiento. Adicionalmente, en aras de fortalecer la gestión, profesionalidad y buen gobierno de las SGR se extenderán a sus directivos los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia propios de las entidades de crédito.

-Régimen jurídico específico para los establecimientos financieros de crédito.Se dotará a estas entidades del marco jurídico más eficaz para mantener y potenciar su actividad. Estarán plenamente orientadas a la financiación empresarial y del consumo por canales alternativos a los estrictamente bancarios.

-Mejora de la regulación de las titulizaciones en España. Se propone la adopción de reformas con un doble objetivo. Por una parte, se trata de flexibilizar el régimen jurídico de las titulizaciones para adecuar este instrumento a las actuales demandas del mercado financiero, en línea con los países más avanzados en la materia. Se persigue además aportar la máxima seguridad jurídica y dar respaldo legal a la operativa habitual en el ámbito de las titulizaciones. En definitiva, el ministro Guindos ha explicado que a partir de la entrada en vigor de este nuevo texto normativo, se podrán titulizar las carteras de créditos a pymes, tal y como ocurrió en la anterior fase expansiva de la economía con las carteras de préstamos hipotecarios, lo que, sin duda, incidirá en el impulso de la concesión de esta clase de créditos.

-Potenciar el funcionamiento del Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Se trata de facilitar el tránsito de las sociedades desde la Bolsa hacia este sistema alternativo de negociación. Para ello, se sustituirá el requisito de presentar una opa de exclusión por otro mecanismo menos oneroso, que garantice una adecuada protección de los inversores minoritarios. Se flexibiliza el tránsito desde el propio MAB hacia la Bolsa de aquellas compañías cuyo desarrollo y crecimiento exige la cotización en este mercado oficial.

-Mejora del régimen de emisión de obligaciones. Se introducen diferentes medidas en la regulación mercantil, tendentes a facilitar el acceso directo de las compañías españolas a los mercados de deuda mediante la eliminación de límites a la emisión de obligaciones. Así, las sociedades limitadas podrán emitir deuda, algo que hasta ahora no podían.

-Regulación del crowdfunding. En línea con las consultas realizadas en otros países de nuestro entorno, se incluye en el anteproyecto de ley aprobado hoy una propuesta preliminar de regulación en la que se fijan las condiciones para el funcionamiento de este nuevo sistema, basado en plataformas electrónicas que contactan directamente inversores con proyectos. El objetivo es impulsar una nueva herramienta de financiación directa de proyectos empresariales en sus fases iniciales de desarrollo, al tiempo que se protege a los inversores. Para ello, se fijan las obligaciones de estas plataformas garantizando que sean transparentes y que los inversores dispongan de información suficiente. Se fijan límites por inversor tanto por proyecto (3.000 €) como por plataforma (6.000 € por año).

Respecto a las nuevas Entidades de Capital Riesgo (ECR) introduce mejoras que permitirán el mayor desarrollo de este canal de financiación de empresas. En particular a través de la creación de las ECR-Pyme se promueve la financiación mediante instrumentos de capital y deuda de las empresas en sus primeras etapas de desarrollo y expansión. Este tipo de entidades invertirán al menos un 70% de su patrimonio en pymes, además de participar en la gestión y aportar asesoramiento. Se beneficiarán de un régimen financiero más flexible que el de las entidades de capital-riesgo tradicionales ya que podrán hacer un mayor uso de instrumentos financieros de deuda.

Guindos también ha asegurado que al hilo de la transposición de la directiva de gestores de inversión alternativa se abordan otra serie de reformas:

 1.- Introducción de nuevos requisitos a las sociedades gestoras en cuanto a su estructura y organización para garantizar el control de riesgos, de liquidez y de conflictos de interés, y en concreto para cumplir con una política de remuneraciones que evite la toma de riesgos excesivos.

2.- Agilización y reducción de cargas administrativas en el régimen de entidades de capital-riesgo, que ya no quedarán sometidas a un régimen de autorización sino de simple registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

3.- Ajuste de los requerimientos de recursos propios mínimos de las sociedades gestoras, que se alinean con los de la directiva y el resto de socios europeos.

4. – Adaptación del régimen de comercialización y gestión transfronteriza de fondos gestionados por sociedades gestoras europeas y extranjeras.

En cuanto al proyecto por el que se prevé facilitar que empresas solventes puedan reestructurar su deuda y  evitar el concurso de acreedores, Guindos ha explicado que no será hasta la próxima semana cuando se apruebe el nuevo régimen jurídico. Se pretende con ello, por un lado, facilitar los acuerdos entre los distintos acreedores, a través del planteamiento de quitas, si así se consensuara, y de que parte de esa deuda sea convertida en capital, lo que permitirá facilitar la refinanciación y dar continuidad a la empresa, cuyo negocio y flujo de ingresos la hace solvente. La entrada de nuevos inversores en las compañías o la conversión de esa deuda en capital tendrá más garantías, tal y como ha indicado el titular de Economía. Y, al mismo tiempo, se trabaja con el Banco de España en una nueva regulación de esa deuda de cara a su consideración en el balance de las entidades financieras que participen de esta fórmula y de cara a un futuro concurso de acreedores.